Mediaproducción SL ha solicitado la entrada en concurso de acreedores, "por un elemental sentido de la prudencia" y ante el riesgo de sufrir "un desequilibrio en los flujos de caja", informó ayer Mediapro, el grupo que dirigen Jaume Roures y Tatxo Benet. http://lordserer.blogspot.com
Los principales acreedores de la empresa son los clubes de fútbol españoles. Según las últimas cuentas de la sociedad presentadas ante el Registro mercantil, correspondientes al ejercicio de 2008, Mediaproducción SL tenía obligaciones de pago por 2.583,8 millones de euros derivadas de la compra de derechos audiovisuales de determinados eventos deportivos a disputar hasta la temporada 2014-2015. De estos compromisos, 65 millones de euros se encontraban avalados bancariamente ante una entidad financiera.
Además, la sociedad es garante de un préstamo recibido por su matriz Imagina Media Audiovisual, que no se detalla en las cuentas públicas.
La decisión de solicitar el concurso de acreedores se produce una semana después de que Sogecable pidiera la ejecución provisional de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid que daba la razón a la filial audiovisual de Prisa (el grupo editor de CincoDías) en la llamada guerra del fútbol. Sogecable hizo esta reclamación "en defensa de sus legítimos intereses" y tras "una serie de aclaraciones solicitadas por Mediapro ante el citado juzgado con el fin de dilatar la ejecución inmediata de la sentencia", según explicó la participada de Prisa en una nota de prensa.
En concreto, y en línea con lo recogido por la decisión judicial, pedía el pago de 105 millones de euros (los 97,2 millones de indemnización que fijó el tribunal y unos 7,8 millones más en concepto de intereses y costas) y la entrega de los derechos televisivos de los equipos de fútbol de Primera y Segunda División a Audiovisual Sport (controlada en un 80% por Sogecable y en un 20% por TVC Multimèdia).
La filial de Prisa entendía que esta sentencia y su ejecución podía poner en "grave riesgo" el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Mediaproducción SL en el acuerdo que firmaron las partes en junio de 2009 para la explotación de los derechos del fútbol en la temporada 2010-2011.
Por eso, y antes de abonar los 90 millones de euros correspondientes al primer pago contemplado en este acuerdo, Sogecable exigió a Mediaproducción SL el pasado lunes, mediante burofax, la constitución de un aval bancario u otra garantía suficiente "ante la previsión de que los derechos vuelvan a su legítimo titular (Audiovisual Sport) y Mediapro no pueda cumplir el contrato" de 2009, según explicó Sogecable.
En su comunicado, Mediapro aseguró que había sido "únicamente" esta decisión de no pagar la que les había llevado al concurso de acreedores, que no afectará a la rentabilidad y a la viabilidad ni de la sociedad ni de los grupos que forman Imagina, su holding matriz. Además, la empresa dio por roto el acuerdo con Sogecable para la emisión de la Liga de fútbol tanto en Canal+ como en Canal+ Liga.
Sogecable, sin embargo, calificó de "falsa" esta imputación y aseguró que la solicitud de concurso por parte de Mediapro tiene como objetivo "paralizar la ejecución de la sentencia y retrasar el pago a AVS de los 105 millones de euros". Además, avanzó que presentará una segunda demanda contra Mediapro por los daños y perjuicios causados desde febrero de 2008 y hasta finales de la temporada 2008-2009, cuando siguió incumpliendo su contrato.
La filial de Prisa subrayó que el contrato de 4 junio de 2009 sigue en vigor y reiteró su "decidida voluntad de cumplirlo, sin perjuicio de la incidencia que en el mismo tenga la sentencia judicial". "En cualquier caso Sogecable, podrá emitir los partidos de la Liga de fútbol de Primera y Segunda División la próxima temporada", aclaró.
Sogecable reclamó el día 14 un aval a Mediapro
La Distribuidora de Televisión Digital (DTS), una sociedad dependiente de Sogecable, remitió el 14 de junio un burofax a Mediaproducción SL, a la atención de Tatxo Benet, uno de sus principales directivos. En el texto, la compañía explica que la cláusula quinta del contrato del 4 de junio de 2009 que vincula a ambas partes establece que el 15 de junio de este año 2010 tendría que haber procedido a un primer pago por los derechos de explotación de los clubes de fútbol en la temporada 2010-2011. DTS informa en su misiva que ha venido dando "estricto cumplimiento" a este contrato y que es su "decidida voluntad seguir haciéndolo".
Sin embargo, el 15 de marzo se produjo una sentencia de un juzgado de Madrid cuya ejecución provisional ha solicitado Audiovisual Sport. Esta circunstancia, a su entender, "significa un grave riesgo de incumplimiento por su parte de las prestaciones a que se obligaron en aquel contrato", lo que ha llevado a DTS, "siguiendo las elementales exigencias de la buena fe contractual" a comunicar que la sociedad "no podrá ser compelida a cumplir lo pactado en las cláusulas cuarta y quinta" de este acuerdo a menos que Mediapro constituya a favor de DTS "un aval bancario a primer requerimiento u otra garantía suficiente". Este aval permitiría reintegrar las cantidades entregadas más los intereses "en caso de resultar imposible el cumplimiento de sus obligaciones contractuales".
Imagina, una compleja red de participaciones
Las sociedades agrupadas en torno a Mediapro constituyen un complejo entramado de participaciones cruzadas con origen en Ámsterdam y liderado por sus principales directivos, Jaume Roures y Josep María Tatxo Benet. De esta manera, el 60% del capital de la cabecera Imagina Media Audiovisual está controlado por dos sociedades radicadas en Holanda, Mediacapital B. V. y Witgoud B.V., que conjuntamente controlan el 52,06%, según la memoria de 2008 depositada en el Registro Mercantil, la última disponible. Imagina, a su vez, controla Mediapro a través de otras dos sociedades de los Países Bajos, Mediaproduction Properties B. V. y Equille Investments B.V.
Contar con sociedades cabeceras en Holanda es una operación legal que presenta diversas ventajas, y no sólo desde el punto de vista fiscal. Así, de esta forma sólo hay que comunicar al registro cuando un accionista alcanza el 100%. Por eso, y porque ni la productora ni su matriz cotizan en Bolsa, resulta complicado conocer qué personas físicas están detrás de estas compañías.
